¿Ley universitaria o reforma?  

Inédito, escrito el 4/10/2004  

A diferencia de los congresistas que han propuesto una ley universitaria que se contenta con remendar la actualmente vigente, el movimiento universitario apunta a la necesidad de una reforma integral de la educación superior para salir del entrampamiento que agobia a la universidad y responder a los retos que plantea la actualidad.

La propuesta universitaria apunta, en primer lugar, a articular la formación universitaria con la formación profesional (la mal llamada educación superior “no universitaria”) y, en general, con el sistema educativo. En la sociedad del conocimiento y del trabajo en equipo, hacia la que caminamos, la educación tiene que ser un proceso continuo en el que pueden distinguirse niveles y modalidades, pero no establecerse barreras infranqueables. Este proceso no puede ser liderado sino por el Ministerio de Educación. Lo que quiere decir, aunque no nos guste a los universitarios, que el Ministerio de Educación debería tener, como ocurre en todas partes, responsabilidades irreemplazables e irrenunciables con respecto a la educación superior universitaria y no universitaria. 

Un segundo eje de la propuesta universitaria es la necesidad ineludible de tomarse en serio e institucionalizar la cultura de la calidad en la educación superior. Esto supone la introducción de criterios y mecanismos (autoevaluación, evaluación externa, acreditación, etc.) para promover, incentivar y medir la calidad y para dar testimonio público de los logros en este sentido. El organismo acreditador tiene que ser autónomo para que sea creíble, y no debe mezclarse en la creación de nuevas instituciones de educación superior para no tener que juzgar un día a su propia criatura. Pero la cultura de la calidad no se agota con la incorporación de estos instrumentos. Debe ella orientar todo el quehacer de los centros educativos, desde el diseño de proyectos institucionales sostenibles hasta su gestión eficiente y eficaz, pasando por el mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, los perfiles de egreso, las competencias del profesorado, las capacidades de los administrativos, las instalaciones y las ayudas instruccionales, etc.  

Como es sabido, la calidad no flota en el aire ni puede definirse en función de parámetros abstractos. Está más bien relacionada con contextos históricos a cuyos retos se propone responder. Y el contexto en nuestros días está atravesado por tendencias a la globalización, por un lado, y de liberación de las diversidades, por otro. 

El tercer eje está constituido por la centralidad del aprendizaje frente a la vieja centralidad de la enseñanza. Esto lleva no sólo a poner el énfasis en el alumno sino a incorporar la criticidad como componente del aprendizaje, introducir el enfoque por competencias y la estructura modular tanto en la organización del currículo como en la certificación, articular la investigación con el aprendizaje, adecuar el proceso formativo a las características del alumno y, en general, a entender al alumno como el sujeto por excelencia del quehacer institucional y, por tanto, con el derecho y la obligación de participar en las diversas actividades de su centro de estudios. 

La autoevaluación interna para promover calidad, la acreditación externa para garantizar credibilidad, la globalidad como marco de referencia, la diversificación de la oferta formativa y su relación con las necesidades del entorno, la atención a la diversidad y la interculturalidad etc.), la centralidad del aprendizaje frente a la vieja centralidad de la enseñanza (la criticidad como componente del aprendizaje y no sólo como  enjuiciamiento de lo externo, la introducción del enfoque por competencias y de la estructura modular en el proceso formativo y de certificación, la investigación articulada con el aprendizaje, la adecuación del proceso formativo a las características del alumno, la formación continua, etc..); el uso intensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (virtualización de los procesos educativo y de gestión, teletrabajo, etc.), la gestión institucional transparente, profesional y responsable (sostenibilidad del proyecto institucional, democracia interna como gestión racional de las diferencias, rendición de cuentas, ejercicio responsable de la autonomía centrándola en lo académico, distinción organizativa entre gestión y conducción institucional, etc.); el desenclaustramiento (relaciones estructurales con el entorno productivo y de servicios y con el sistema educativo, tratamiento integrado de la educación superior universitaria y no universitaria, incorporación de la inserción laboral de los egresados como tarea institucional, la relación entre educación y empleo, la sostenibilidad del proyecto educativo, la flexibilidad organizativa, la meritocracia y la ampliación de la escala en la carrera docente, la distinción organizativa entre gestión y conducción, la cultura de la gestión eficiente y eficaz