Palabras iniciales (al libro de G. Helfer sobre exigibilidad de la educación)

José Ignacio López Soria

Publicado en: Helfer. Gloria y otros. Exigimos calidad. El estudiante, sujeto de derecho. Lima, Fondo Ed. del Congreso de la República, 2006, p. 11-14.

Los ministros y ministras de educación iberoamericanos, coincidiendo con propuesta que vienen de los foros internacionales sobre educación,  declararon en la XV Conferencia Iberoamericana de Educación (Toledo, julio 2005) que “la educación de calidad para todos es un derecho que constituye un factor de primer orden para el desarrollo y la democracia, siendo necesario consolidarla como uno de los ejes centrales de las políticas públicas, para lo cual debemos promover acciones sostenibles y coherentes con las estrategias nacionales de desarrollo y dotar a las mismas con los recursos -humanos y económicos- necesarios para garantizar este derecho.” Tres meses después, los presidentes iberoamericanos, reunidos en la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (Salamanca, octubre 2005), se comprometieron a “continuar el ejercicio de debate y reflexión conducente a la adopción de un Pacto Iberoamericano por la Educación, en la línea de la Declaración de Toledo, para la promoción de un desarrollo con equidad y justicia social.”

Como ilustra bien el libro que el lector tiene en sus manos, el derecho a la educación es objeto frecuente de declaraciones en los foros internacionales, se ha legalizado en todos los países, y no son pocas las instituciones y redes institucionales que se dedican a facilitar y vigilar su cumplimiento.

Pero el derecho a la educación no deriva de las declaraciones en su favor por parte de expertos y gobernantes, ni de su legalización, ni de las acciones de facilitación y vigilancia de su cumplimiento. Se trata de un derecho inherente a todos los pueblos y a todos los individuos, de un derecho que tanto las personas como la sociedad en su conjunto y los diversos cuerpos que la constituyen tienen la obligación de reconocer, llevar a su debida realización y exigir su cumplimiento.

Nada de esto, sin embargo, ocurre en abstracto. El derecho a la educación opera en tiempos concretos y en comunidades históricas, y, por tanto, su contenido y los medios para su cumplimiento tienen que atenerse a las características de los tiempos y a las especificidades de las comunidades humanas.

La necesidad de atenerse a las características de la época parece obvia y, por eso, no me detendré en ella. A juzgar por la práctica, no parece, sin embargo, tan obvio que el cumplimiento del derecho a la educación  conlleve la obligación de atenerse a las especificidades de las comunidades humanas. De hecho, no es infrecuente, y el Perú es un claro ejemplo de ello, que se atribuya a la educación la función de homogeneizar a los educandos a través de un patrón educativo que desconoce las diversidades que pueblan la comunidad en cuestión. En este caso, el cumplimiento del derecho a la educación pasa por el desconocimiento de la lengua y, en general, de la cultura de una parte importante de los educandos. Para éstos, educarse equivale frecuentemente a proveerse de instrumentos para incorporarse a la sociedad dominante, pero al enorme costo de renunciar a sus propias pertenencias societales.

El derecho que tienen los individuos y los pueblos a la educación conlleva la obligación de proveerlos de una educación de calidad y pertinente, es decir de una educación acorde con las necesidades individuales y sociales y con la propia cultura y las condiciones de vida de los educandos.

Establecidos el derecho a una educación de calidad y pertinente y la obligación social de proveerla, la exigibilidad del cumplimiento de ese derecho fluye por sí misma. Se puede y se debe racionalmente exigir aquello a lo que se tiene derecho. Y hay que añadir que esa exigencia debe estar referida no sólo a la educación, en general, sino a una educación de calidad y pertinente que ciertamente mire al futuro, pero que también parta de las pertenencias culturales de los educandos. En la exigibilidad del derecho a la educación está, pues, implícito el derecho a esperar y demandar una educación que reconozca y asuma como valor la cultura de los educandos.

Insisto en estos aspectos para que no se piense que el derecho a la educación queda satisfecho con la extensión de la cobertura hasta alcanzar al total de los educandos. La calidad y la pertinencia de la educación son componentes de ese mismo derecho. Considero, además, que en el Perú es particularmente importante insistir en la calidad y la pertinencia de la educación para remontar la mediocridad que suele afectarla y, particularmente, el evidente divorcio entre la educación y la cultura de no pocos educandos.

El libro Yo exijo calidad. La educación como derecho exigible, en línea con otras publicaciones del Congreso (Comisión de Educación y despacho de la congresista Gloria Helfer) destinadas a socializar los avances en legislación educativa, se propone informar sobre los derechos específicamente educativos, promover su exigibilidad y ofrecer herramientas y estrategias para facilitar y demandar su cumplimiento. El texto no debe entenderse como una especie de “listado de derechos” para alimentar pliegos de reclamo y fundamentar sanciones, sino más bien como una útil “guía didáctica” -que las autoras y los autores ponen en manos  tanto de las autoridades educativas, directores y maestros como de los padres de familia y alumnos- para facilitar la vigilancia y el compromiso efectivo con una educación de calidad y debidamente pertinente. La actitud vigilante, que el libro facilita y a la que nos invita, no está orientada unilateralmente al castigo sino preferentemente a comprometernos a todos con la necesaria corrección de rumbos para el logro de los objetivos educativos.